DIEZ AÑOS DESPUÉS DE IRAK: DE LA GUERRA PREVENTIVA A LA REPRESIÓN PREVENTIVA

Manifestación por la Educación pública.
Manifestación en contra de la LOMCE en las calles de Barcelona.

Los jóvenes del PP llaman a denunciar al profesorado que adoctrine al alumnado en sus clases. La osadía ha recibido numerosas críticas, con argumentos que comparto, como que el adoctrinamiento que figura al currículum es la religión, o que en los centros privados dan lo que los da la gana según su ideario y no pasa nada. Otros aspectos del hecho, sin embargo, no se mencionan tanto y sobre ellos me gustaría aportar mi opinión, a quien tenga la paciencia de leerla.

La primera cosa que me viene a la cabeza es que la iniciativa no es casual -en política hay pocas casualidades- ni fruto de una ocurrencia individual, sino que forma parte de una política represiva general de intensidad creciente, que en Castelló se está haciendo muy patente y que ya tiene numerosas víctimas; una de ellas yo mismo, aunque sólo por haber recibido dos multas por motivos descabellados. Una nimiedad, sin embargo, junto a lo que están sufriendo otros compañeros/se de lucha, personas merecedoras del respeto y la admiración por su coherencia y firmeza, que son objeto de montajes policiales increíbles.

En Castelló hay unos cuántos casos de acoso, tanto policial como laboral, no muy conocidos porque de esto hablan poco los medios, pero tampoco es una excepción; sólo hay que ver los noticiarios, que se hacen eco de los casos más mediáticos. La represión tiene unos ejecutores directos, policías de varias clases casi siempre, pero tiene también una dirección política. La policía no actúa en estos casos porque sí, lo hace casi siempre porque recibe órdenes. Y esas órdenes tienen, siempre, un responsable político. Y ese responsable en una “provincia” es el subdelegado del gobierno; él es quien da las órdenes, interpretando la orientación política del gobierno al que representa, particularmente del Ministerio del Interior.

Desde el nombramiento del actual subdelegado del gobierno, el señor David Barelles Adsuara, el nivel de represión ha aumentado; las retenciones, multas, identificaciones e incluso detenciones durante más de un día por motivos políticos y sociales se suceden sin ninguna justificación. No es que antes no hubiesen, pero en los últimos meses han aumentado apreciablemente.

Resulta que este señor, a pesar de llevar unos cuántos años en la “política profesional”, tiene como profesión la enseñanza, es profesor de Secundaria de la especialidad de Informática. También ha sido Director General de Personal de la Conselleria. Es, por lo tanto, una persona que conoce perfectamente el mundo de la enseñanza. También es un dirigente del PP. Si esto tiene o no alguna relación con la iniciativa de Nuevas Generaciones (NNGG) del PP es cosa que cada uno puede juzgar.

Otra cuestión es que la policial es una parte de la represión, pero no es el todo. Más efectiva todavía sería la que podríamos denominar “represión preventiva”, que busca provocar una especie de autocensura por la cual las mismas víctimas renuncian a la protesta por miedo a las consecuencias. Por ejemplo, para el régimen sería mejor que los afectados por la hipoteca no se atrevieran a paralizar un desahucio que tener que enviar a la policía a defender los intereses de los bancos, que los mineros no se hubieran atrevido a movilizarse, o que el profesorado interino acepte resignadamente su futuro incierto. Aquí vienen iniciativas como las de NNGG en Castelló: impedir que la lucha pueda llegar a empezar.

El caso del que hablamos es un paso que va mucho más allá de las dificultades que ya hay en muchos centros para poder hacer cualquier cosa, sobre todo el alumnado. En las recientes huelgas por la LOMQE ha habido Institutos donde se les ha puesto problemas para hacer asambleas o informar de la convocatoria, o incluso amenazas en algunos de ellos a quienes querían hacerla. Para no hablar de las dificultades legales para hacer huelga (tienen que hacer una reunión para llenar el papel para pedir que les dan la hoja de autorización de los padres…). En cuanto al profesorado, en las reuniones de la Coordinadora ha aparecido la información de centros en los que sería imposible hacer una reunión de Claustro extraordinario como la que hicimos en el IES El Caminàs. Esto también es represión, como hacer correr la idea de que el propio puesto de trabajo está relacionado con la participación en una huelga; será verdad o no, pero el efecto es real.

En sentido estricto, la iniciativa de NNGG del PP no debería tener tener ninguna consecuencia práctica. Que unos padres excesivamente sensibles denuncien a los niñatos de NNGG que un profesor/a adoctrina su hijo/a, no parece que tuviera que tener más efectos que si yo denuncio, por poner un ejemplo, a los Colectivos de Jóvenes Comunistas que en un Instituto un profesor/a dicen que ha dicho que está a favor de la LOMQE. La diferencia y el problema es que, como en el caso de las listas negras, todos pensamos que puede ser verdad, porque hemos asumido que la Inspección, formada mayoritariamente formada por personas puestas a dedo, es un mecanismo de control al servicio del partido del gobierno.

Otra cosa es el sentido selectivo que los jóvenes del PP tienen de la palabra “adoctrinar”. Procedentes cómo son de centros privados, con un ideario concordante con la defensa de las ideas y los intereses de la clase social a la que pertenecen, ven como natural que en la enseñanza haya una orientación que coincida con la suya, la que les han inculcado, que legitima el modelo de sociedad en que todo les va tan bien y en la que están tan a gusto. Para ellos y sus mentores es inconcebible que las cosas puedan ser de otra manera, por eso no lo perciben como lo que es, como adoctrinamiento. Para ellos adoctrinar, igual que politizar, es lo que se hace cuando se expresa alguna idea contraria a las suyas, que no son vistas como una opción más, sino como una verdad indiscutible. Así, no sería política ni adoctrinamiento defender la monarquía, como de hecho ya se hace al currículum actual, pero sería una politización intolerable cuestionarla y no digo nada defender la República.

También es adoctrinamiento lo que con el contenido de determinadas materias que ya están en el currículum actual se pretende, para que el alumnado asuma sin cuestionarse su propia situación, el lamentable futuro que le espera como mano de obra barata y prescindible. Esto se agravará si entra en vigor la LOMQE con toda su apología de esa nueva superstición que es la “iniciativa emprendedora”. En el proyecto de ley se dice textualmente: “el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias”. Su idea es evitar que los jóvenes adquieran conocimientos generales, humanistas, críticos, para poder interpretar el mundo y la sociedad en que viven y evitar que tomen conciencia de su situación objetiva de explotación. El objetivo es que el alumnado aprenda exclusivamente a “saber hacer” y convertir la escuela pública en una “escuela empresa” al servicio de los empresarios, para formar mano de obra acrítica y sumisa; ese es el objetivo de fondo de la LOMQE y la FP dual.

En los movimientos sociales se acepta como un axioma que donde hay lucha hay represión. También las víctimas de ésta dicen que la represión no nos parará. Ese análisis y la voluntad de no dejarse amedrentar orienta lo que habríamos de hacer los que trabajamos en la enseñanza pública: por una parte, despreciar a los autores de una cosa tan miserable y a sus inductores; por otra, no permitir que se nos paralice con unas amenazas tan ridículas.

El acoso y la criminalización no pueden hacer renunciar al profesorado a ser enseñantes; sería contrario a la tarea docente que esta campaña lo consiguiera. Los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza tenemos la obligación de defender el derecho a una educación pública al servicio de nuestro pueblo, lo cual pasa por poner al alcance del alumnado los conocimientos y los métodos de análisis necesarios para poder interpretar la sociedad y el mundo.

 

DEU ANYS DESPRÉS DE L’IRAQ: DE LA GUERRA PREVENTIVA A LA REPRESSIÓ PREVENTIVA

Els joves del PP criden a denunciar al professorat que adoctrine l’alumnat en les seues classes. La gosadia ha rebut nombroses crítiques, amb arguments que compartisc, com que l’adoctrinament que figura al currículum és la religió, o que als centres privats donen els que els dóna la gana segons el seu ideari i no passa res. Altres aspectes del fet, però, no s’esmenten tant i sobre ells m’agradaria aportar la meua opinió, a qui tinga la paciència de llegir-me.

La primera cosa que em ve al cap és que la iniciativa no és casual -en política hi ha poques casualitats- ni fruit d’una ocurrència individual, sinó que forma part d’una política repressiva general d’intensitat creixent, que a Castelló s’està fent molt palesa i que ja té nombroses víctimes; una d’elles jo mateix, encara que sols per haver rebut dues multes per motius desgavellats. Una nimietat, però, al costat del que estan patint altres companys/es de lluita, persones mereixedores del respecte i l’admiració per la seua coherència i fermesa, que són objecte de muntatges policials increïbles.

A Castelló hi ha uns quants casos d’assetjament, tant policial com laboral, no molt coneguts perquè d’això en parlen poc els mitjans, però tampoc és una excepció; sols cal veure els noticiaris, que es fan ressò dels casos més mediàtics. La repressió té uns executors directes, policies de diverses classes quasi sempre, però té també una direcció política. La policia no actua en aquests casos perquè sí, ho fa quasi bé sempre perquè rep ordres. I eixes ordres tenen, sempre, un responsable polític. I eixe responsable a una “província” és el subdelegat del govern; ell és qui dóna les ordres, interpretant l’orientació política del govern al que representa, particularment del ministeri de l’Interior.

Des del nomenament de l’actual subdelegat del govern, el senyor David Barelles Adsuara, el nivell de repressió ha augmentat; les retencions, multes, identificacions i fins i tot detencions durant més d’un dia per motius polítics i socials se succeeixen sense cap justificació. No és que abans no hi haguera, però en els últims mesos han augmentat apreciablement.
Resulta que aquest senyor, tot i portar uns quants anys en la “política professional”, té com a professió l’ensenyament, és professor de Secundària de l’especialitat d’Informàtica. També ha sigut Director General de Personal de la Conselleria. És, per tant, una persona que coneix perfectament el món de l’ensenyament. També és un dirigent del PP. Si això té o no alguna relació amb la iniciativa de NNGG és cosa que cada un pot jutjar.

Altra qüestió és que la policial és una part de la repressió, però no és el tot. Més efectiva encara seria la que podríem denominar “repressió preventiva”, que busca provocar una espècie d’autocensura per la qual les mateixes víctimes renuncien a la protesta per por a les conseqüències. Per exemple, per al règim seria millor que els afectats per la hipoteca no s’atreviren a paralitzar un desnonament que haver d’enviar la policia a defensar els interesos dels bancs, que els miners no s’hagueren atrevit a mobilitzar-se, o que el professorat interí accepte resignadament el seu futur incert. Ací venen iniciatives com les de NNGG a Castelló: impedir que la lluita puga arribar a començar.

El cas del que parlem és un pas que va molt més enllà de les dificultats que ja hi ha a molts centres per a poder fer qualsevol cosa, sobre tot l’alumnat. En les recents vagues per la LOMQE ha hagut Instituts on se’ls ha ficat problemes per a fer assemblees o informar de la convocatòria, o fins i tot amenaces en alguns centres a qui volia fer-la. Per no parlar de les dificultats legals per a fer vaga (han de fer una reunió per a omplir el paper per a que els donen el full d’autorització dels pares…). Quant al professorat, en les reunions de la Coordinadora ha aparegut la informació de centres als que seria impossible fer una reunió de Claustre extraordinari com la que vam fer a l’IES El Caminàs. Això també és repressió, com fer córrer la idea de que el propi lloc de treball està relacionat amb la participació en una vaga; serà veritat o no, però l’efecte és real.

En sentit estricte, la iniciativa de NNGG del PP no hauria de tindre cap conseqüència pràctica. Que una pares excessivament sensibles denuncien als ninyatos de NNGG que un professor/a adoctrina el seu fill/a, no sembla que haguera de tindre més efectes que si jo denuncie, per posar un exemple, als Col·lectius de Joves Comunistes que a un Institut un professor/a diu que ha dit que està a favor de la LOMQE. La diferència i el problema és que, com en el cas de les llistes negres, tots pensem que pot ser veritat, perquè hem assumit que la Inspecció, formada majoritàriament formada per persones posades a dit, és un mecanisme de control al servei del partit del govern.

Altra cosa és el sentit selectiu que els joves del PP tenen de la paraula “adoctrinar”. Procedents com són de centres privats, amb un ideari concordant amb la defensa de les idees i els interesos de la classe social a la que pertanyen, veuen com a natural que a l’ensenyament hi haja una orientació que coincidisca amb la seua, la que els han inculcat, que legitima el model de societat en que tot els va tan bé i estan tan a gust. Per a ells i els seus mentors és inconcebible que les coses puguen ser d’altra manera, per això no ho perceben com el que és, com adoctrinament. Per a ells adoctrinar, igual que polititzar, és el que es fa quan s’expressa alguna idea contrària a les seues, que no són vistes com a una opció més, sinó com a una veritat indiscutible. Així, no seria política ni adoctrinament defensar la monarquia, com de fet ja es fa al currículum actual, però seria una politització intolerable qüestionar-la i no dic res defensar la República.

També és adoctrinament el que amb el contingut de determinades matèries que ja estan al currículum actual es pretén, per tal que l’alumnat assumisca sense qüestionar-se la seua pròpia situació, el lamentable futur que els espera com a mà d’obra barata i prescindible. Això s’agreujarà si entra en vigor la LOMQE amb tota la seua apologia d’eixa nova superstició que és la “iniciativa emprenedora”. Al projecte de llei es diu textualment: “l’empreniment i l’educació cívica i constitucional es treballaran en totes les matèries”. La seua idea és evitar que els joves adquirisquen coneixements generals, humanistes, crítics, per a poder interpretar el món i la societat en que viuen i evitar que prenguen consciència de la seua situació objectiva d’explotació. L’objectiu és que l’alumnat aprenga exclusivament a “saber fer” i convertir l’escola pública en una “escola empresa” al servei dels empresaris, per a formar mà d’obra acrítica i submissa; eixe és l’objectiu de fons de la LOMQE i la FP dual.

Als moviments socials s’accepta com a un axioma que on hi ha lluita hi ha repressió. També les víctimes d’aquesta diuen que la repressió no ens aturarà. Eixa anàlisi i la voluntat de no deixar-se acoquinar orienta el que hauríem de fer els que treballem a l’ensenyament públic: per una part, menysprear els autors d’una cosa tan miserable i als seus inductors; per altra, no permetre que se’ns paralitze amb unes amenaces tan ridícules.

L’assetjament i la criminalització no poden fer renunciar al professorat a ser ensenyants; seria contrari a la tasca docent que aquesta campanya ho aconseguira. Els treballadors i treballadores de l’ensenyament tenim l’obligació de defensar el dret a una educació pública al servei del nostre poble, la qual cosa passa per posar a l’abast de l’alumnat els coneixements i els mètodes d’anàlisi necessaris per poder interpretar la societat i el món.

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